En El País, el Director de la Escuela de Sociología, Rodrigo Cordero, reflexionó sobre el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
“Vándalos, hay que registrar a los vándalos. Seguirlos, anotarlos, ficharlos, transformarlos en dato, convertir sus actos en hechos punibles. Vándalos, hay que castigarlos, ponerlos a trabajar, hacerlos pagar una deuda que nunca terminan de saldar. Los vándalos visten uniforme escolar, tienen otra forma de hablar, protestan sin razón, se mueven por la ciudad sin pagar, viven de prestaciones sociales. Hay que restringir sus derechos para restituir el estado de derecho. Es lo que plantea, con convicción, un joven aspirante a ideólogo de la derecha conservadora: ¡Abajo el estado social de derechos, arriba el estado social de deberes!
La nueva política del orden público del Gobierno de José Antonio Kast promete restituir el orden perdido de la mano de un Registro de Vándalos e Incivilidades. La medida, que conjuga en un solo lugar faltas, desacatos y delitos, vuelve sinónimos y parte de un mismo universo moral a la trabajadora informal que vende sopaipillas en la calle y la asociación ilícita para el comercio ilegal, al poblador que raya murallas para protestar y al microtraficante que dispara para atemorizar a los vecinos. En un escenario en que la vida cotidiana se experimenta como una madeja de inseguridades, la obsesión compulsiva por la emergencia y la decadencia vuelve fértil el culto político a la fuerza y la autoridad. La creencia en ese culto punitivo es lo que justifica la necesidad de abrazar una doctrina gubernamental de la peligrosidad y la defensa de la sociedad.
Antes eran los vagos, ebrios, homosexuales y otros “antisociales” los sujetos privilegiados de registro a los que se podía, mediante medidas de seguridad pre-delictuales, desterrar administrativamente del acceso a derechos. Hoy la sospecha recae sobre inmigrantes indocumentados, estudiantes desobedientes, indígenas indóciles, feministas envalentonadas, pobladores en toma, trabajadores informales. No se trata de romantizar la precariedad como una suerte de resguardo moral, ni de subestimar, por el mero rechazo a la lógica securitaria, los miedos y la violencia que anidan en la ciudad. Se trata de preguntar qué orden público promete restituir un registro que, con el objeto de depurar la ciudad de toda incivilidad, vuelve equivalente a la sopaipillera con la banda criminal.
El orden que se promete restituir es una nostalgia inventada, una suerte de jardín libre de malezas. Lo que el proyecto de ley del Registro produce, sin embargo, no es mayor seguridad sino una transformación en la comprensión misma de los derechos, ahora definidos como privilegios revocables, y el reencuadre de una pluralidad de conductas que el Estado debe vigilar y castigar. El resultado es una renovada jerarquía de ciudadanos que divide entre quienes cumplen sus deberes y quienes reclaman sus derechos, quienes pagan y quienes adeudan, quienes son merecedores de pertenecer a la comunidad y quienes deben ser excluidos. Esa partición refuerza la división de clase y, a la vez, menoscaba la experiencia misma de la ciudadanía mediante un dispositivo que estigmatiza en público y duplica en lo administrativo el castigo penal. Ser ciudadano deja de ser una condición para volverse una conducta puesta a prueba.
El orden público se vuelve así un ejercicio de jardinería, la pretensión de demarcar y controlar la línea entre los que cuentan y los que no. “Salgan de mi jardín… es mi jardín porque lo cuido yo”, les dice el empresario Matías Pérez Cruz a un grupo de mujeres recostadas en una playa del Lago Ranco, cual jardinero que lleva registro de las plantas invasoras. La frase, viral hace algunos veranos, revela lo que el Registro de Vándalos e Incivilidades apenas disimula, una concepción profundamente arraigada del orden público en nuestro país: un orden definido, en el fondo, por la voz de los propietarios”.
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