El director de la Escuela de Antropología UDP examinó los antecedentes históricos de la Operación Sitio impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y advirtió sobre las limitaciones de una política centrada en la entrega de terrenos sin garantizar la construcción de viviendas dignas.
Miguel Pérez, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Diego Portales y del proyecto Anillos Cultura y Crisis Climática, publicó en CIPER la columna de opinión “¿Operación Sitio 2.0? El riesgo de volver a la «Operación Tiza» de Frei Montalva”, en la que analiza la propuesta habitacional anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para enfrentar el déficit de viviendas en Chile. A partir de una revisión histórica de la política implementada durante la década de 1960, el académico advierte que “la principal lección de la Operación Sitio original es que el acceso al suelo, por sí solo, no resuelve el problema habitacional”.
En su análisis, Pérez recuerda que la iniciativa impulsada durante el gobierno de Frei Montalva contemplaba la entrega de terrenos urbanizados y el apoyo estatal para la construcción de viviendas. Sin embargo, sus limitaciones llevaron a que numerosas familias recibieran únicamente sitios demarcados, dando origen a la denominada “Operación Tiza”. Frente a la nueva propuesta, el investigador cuestiona que la entrega de terrenos pueda reproducir condiciones de segregación urbana y señala: “¿Se trata, entonces, de garantizar el derecho a la vivienda digna o simplemente de entregar terrenos donde el mercado inmobiliario todavía permite que vivan los pobres?”.
Asimismo, el académico plantea que la Operación Sitio 2.0 podría concentrarse en facilitar el acceso al suelo sin asegurar soluciones habitacionales concretas. En ese sentido, advierte que la flexibilización normativa y la incorporación de nuevas tecnologías constructivas no garantizan por sí mismas una respuesta efectiva al déficit habitacional. “Las familias necesitan una vivienda digna, no simplemente un terreno donde eventualmente puedan construirla”, sostiene.
Finalmente, Pérez alerta sobre las consecuencias sociales que podría generar una política incapaz de cumplir las expectativas de las familias que esperan acceder a una vivienda. En un contexto de restricciones presupuestarias, advierte que “existe el peligro de que la entrega de terrenos termine trasladando a las propias familias la responsabilidad de resolver una crisis que requiere una respuesta decidida del Estado”. Por ello, enfatiza la necesidad de una política integral que contemple financiamiento, infraestructura, servicios urbanos y mecanismos efectivos para garantizar viviendas dignas.
