El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, analizó en una columna publicada por CIPER la propuesta de reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública. En el texto, titulado “Estado de excepción de seguridad pública y la hipótesis de la guerra interna”, el académico advierte que “lo que se plantea con esta reforma es que Chile requiere enfrentar una situación similar a una guerra interna”, considerando el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y las limitaciones a derechos y libertades que contempla la iniciativa.
Uno de los aspectos que Fuentes examina es el control que tendría el Congreso Nacional, ya que la propuesta permitiría al Presidente extender el estado de excepción hasta por 240 días antes de requerir la autorización del Legislativo para una nueva prórroga. “La propuesta es la que observa el menor control posible del Congreso Nacional si lo comparamos con el resto de los estados de excepción. Desde el punto de vista institucional, el control que podría ejercer el Congreso es crítico toda vez que es el único contra-balance al poder del Ejecutivo en esta declaratoria”, sostiene.
El académico también cuestiona la pertinencia de abordar el crimen organizado desde una lógica militar, señalando que se trata de un fenómeno más complejo, caracterizado por el control de mercados ilícitos, la penetración de empresas formales, redes de reclutamiento y cooptación de agentes públicos. En ese sentido, afirma que “son las instituciones policiales y no las militares las que tienen una mayor experiencia en zonas urbanas pues conocen los entornos y complejidades de la vida en la ciudad”.
Fuentes advierte, además, sobre los resultados que ha tenido la participación militar en el combate al narcotráfico en otros países y la necesidad de considerar los riesgos asociados a esta estrategia. “Existe bastante evidencia que la intervención militar genera un impacto temporal acotado, y que su efecto suele relacionarse más bien con escaladas en los niveles de violencia y aumento de la corrupción”, señala. A partir de estos antecedentes, el académico plantea que la propuesta abre interrogantes tanto sobre su diseño institucional como sobre su implementación frente a un fenómeno complejo y multifacético como el crimen organizado.
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